La frustración de las clases medias: progreso, globalización y crisis de representación

Una reflexión sobre el progreso, la globalización y la crisis de representación

En distintos países se observa una variedad de expresiones colectivas de descontento: manifestaciones estudiantiles, protestas de familias que tienen dificultades para acceder a una vivienda, rechazo a la clase política, abstención electoral, reclamos por la falta de empleo y movilizaciones contra la corrupción. Estas expresiones no responden necesariamente a una misma causa, pero en muchas sociedades occidentales parecen compartir un trasfondo: el desencanto y la frustración ante la percepción de que las instituciones ya no ofrecen respuestas suficientes a los problemas cotidianos ni garantías de progreso futuro.

¿Cuáles son las causas de ese descontento? ¿A qué condiciones económicas, sociales y políticas podemos atribuir estas reacciones? No existe una explicación única. Sin embargo, es posible identificar algunos procesos que, combinados, contribuyen a comprenderlas:

  • Crisis del petróleo de 1973 y transformación del modelo económico de posguerra.
  • Globalización y reorganización internacional de la producción.
  • Aceleración tecnológica y transformación del empleo.
  • Polarización política, crisis de representación y conflictos internacionales.
  • Experiencia de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y económicas.

A continuación, analizaré algunos de estos procesos y su relación con los sectores más afectados, en particular las clases medias. La hipótesis que guía este trabajo es que su malestar no se explica únicamente por la pérdida de ingresos, sino también por el debilitamiento de una expectativa histórica: que el esfuerzo, la educación y el trabajo permitirían mejorar las condiciones de vida propias y las de las generaciones siguientes.

La formación histórica de las clases medias

La clase media moderna se fue configurando a partir de la industrialización y de la expansión de las economías urbanas, aunque su composición varió según el Pais y el período en cuestión.

La organización industrial basada en la producción estandarizada, asociada al taylorismo y al fordismo, permitió aumentar la productividad y organizar tareas que requerían distintos niveles de calificación.

Al mismo tiempo, la expansión de las empresas creó una demanda creciente de supervisores, técnicos, empleados administrativos, contables, financieros y profesionales. Estos grupos contribuyeron a formar una clase media urbana que se amplió durante el siglo XX. Tras la crisis de 1929 y, sobre todo, durante las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento económico, la mejora de los salarios, la expansión de la educación y el desarrollo de los Estados de bienestar reforzaron la expectativa de que el trabajo estable y la preparación profesional podían conducir a una vida mejor.

Ese modelo alcanzó su mayor expansión en buena parte de Occidente durante las décadas de posguerra, aunque nunca benefició a todos por igual. A partir de los años setenta, comenzó una transformación que alteró las bases económicas y sociales sobre las que se había apoyado.

La crisis del petróleo y el cambio de orientación económica

La crisis del petróleo de 1973 constituye un punto de referencia importante. El aumento abrupto de los precios de la energía contribuyó a frenar el crecimiento, acelerar la inflación y generar dificultades para las economías industriales. En los años siguientes, la combinación de bajo crecimiento e inflación —conocida como estanflación— cuestionó algunas de las políticas económicas de la posguerra. La acumulación de ingresos de los países exportadores de petróleo y su circulación a través del sistema financiero internacional también formaron parte de un contexto que favoreció el endeudamiento de diversos países, en particular de América Latina, y contribuyó a las crisis de deuda de los años ochenta.

Durante las décadas de 1970 y 1980 ganaron influencia las propuestas que defendían una mayor apertura comercial, la privatización de empresas públicas y la desregulación de determinadas actividades. Los gobiernos de Margaret Thatcher en el Reino Unido, desde 1979, y Ronald Reagan en Estados Unidos, desde 1981, fueron referencias importantes de ese giro. No se trató de un cambio idéntico en todos los países, pero sí de una reorientación de las políticas económicas que cuestionó el alcance de la intervención estatal y el equilibrio previo entre empresas, sindicatos y Estado.

En 1989, el economista John Williamson acuñó la expresión «Consenso de Washington» para describir un conjunto de reformas que, según su formulación original, se consideraban relevantes para América Latina. Entre ellas figuraban la disciplina fiscal, la reforma tributaria, la liberalización comercial, la apertura a la inversión extranjera, la privatización y la desregulación. El término se vinculó posteriormente, en el debate público, con una interpretación más amplia del neoliberalismo. Williamson sostuvo que algunas de las interpretaciones posteriores simplificaban o distorsionaban el alcance de su propuesta original.

Conviene distinguir estos procesos: el Consenso de Washington no fue un acuerdo único que impusiera de manera idéntica las mismas políticas a todos los países, ni sus diez puntos fueron simplemente una cláusula del Plan Brady. Ambos se desarrollaron en el contexto de la crisis de deuda latinoamericana, pero tenían alcances y funciones diferentes.

La globalización: beneficios y costos desigualmente distribuidos

Desde la década de 1990, la globalización se aceleró con el fin de la Guerra Fría, la apertura gradual de China, la expansión de internet y las telecomunicaciones, la movilidad internacional del capital y la reorganización de las cadenas de producción. Este proceso generó beneficios importantes: amplió los mercados, abarató numerosos bienes, facilitó la circulación de conocimientos y permitió que millones de personas se incorporaran a nuevas actividades económicas.

Sin embargo, sus beneficios y sus costos se distribuyeron de manera desigual. Se favorecieron muchas empresas multinacionales, los sectores financieros, las industrias tecnológicas y los trabajadores altamente calificados. En cambio, determinadas regiones industriales y grupos de trabajadores afrontaron la pérdida de empleos, la presión sobre los salarios y mayores dificultades para adaptarse a las nuevas exigencias productivas. La automatización y el cambio tecnológico también contribuyeron a transformar las ocupaciones, por lo que no sería correcto atribuir todos esos cambios exclusivamente a la globalización.

La transformación económica coincidió, además, con el debilitamiento de algunas organizaciones que habían articulado la vida social durante décadas, como los sindicatos y los partidos tradicionales. Esto no significa que hayan desaparecido ni que todas las familias o comunidades hayan perdido cohesión, sino que sus formas de representación y su capacidad de organizar experiencias colectivas se han modificado.

En ese contexto puede comprenderse parte de la crisis de representación política: algunos ciudadanos dejan de reconocerse en los partidos tradicionales y se acercan a fuerzas que prometen una ruptura con el orden establecido. Estas alternativas pueden surgir tanto a la izquierda como a la derecha, y también pueden estar encabezadas por figuras provenientes del mundo empresarial, los medios de comunicación o el espectáculo. Las causas de ese desplazamiento son diversas y no se reducen a la economía.

La divergencia entre Occidente y algunas economías asiáticas

Una paradoja de las últimas décadas es que varias economías asiáticas lograron un crecimiento sostenido y una rápida transformación productiva mientras sectores de las clases medias occidentales experimentaban inseguridad económica. China, Corea del Sur, Taiwán y otras economías siguieron trayectorias diferentes, pero en varios casos combinaron inversión, desarrollo industrial, incorporación de tecnología y participación en el comercio mundial. India, Vietnam y otros países también crecieron, aunque con estructuras económicas y sistemas políticos distintos.

La comparación exige tener en cuenta los diferentes puntos de partida. Estados Unidos y buena parte de Europa llegaron a la década de 1970 con clases medias amplias y niveles de ingreso relativamente elevados. En cambio, varias economías asiáticas partían de niveles de ingreso mucho más bajos, por lo que la industrialización y la urbanización permitieron a amplios sectores mejorar sustancialmente sus condiciones de vida.

En Estados Unidos, el crecimiento económico continuó, pero sus beneficios no se distribuyeron de manera uniforme. La inseguridad de ciertos empleos industriales, el aumento del costo de la vivienda, las dificultades para financiar la educación y la concentración de parte de las ganancias contribuyeron a que numerosos hogares sintieran que progresar era cada vez más difícil. En China, el crecimiento permitió ampliar los ingresos y el consumo de una parte importante de la población, aunque persisten desigualdades, diferencias regionales y desafíos relacionados con la vivienda, el empleo y el envejecimiento demográfico.

Europa comparte algunos de los problemas observados en Estados Unidos, pero sus sistemas de protección social —con diferencias significativas entre países— amortiguan parte de los riesgos mediante la cobertura sanitaria, las prestaciones por desempleo, las pensiones y el apoyo a la educación. Estos mecanismos reducen ciertas vulnerabilidades, aunque no eliminan las dificultades de acceso a la vivienda, la precariedad laboral ni la percepción de que las oportunidades futuras se han estrechado.

La comparación con América Latina y otras regiones también recuerda que no existe una única trayectoria. En América Latina, la expansión de los sectores medios durante ciertos períodos convivió con la informalidad laboral, la baja productividad y las crisis recurrentes. En algunas economías asiáticas, la industrialización facilitó una movilidad social sostenida; en otras, el crecimiento ha sido más desigual. En los países dependientes de los recursos naturales o afectados por conflictos, el crecimiento agregado tampoco garantiza por sí solo empleos productivos, seguridad económica ni oportunidades amplias.

La pandemia y la incertidumbre social

La pandemia de COVID-19 fue una crisis sanitaria, económica y social. Interrumpió actividades productivas, afectó el empleo y la educación, profundizó algunas desigualdades y modificó la relación de muchos ciudadanos con el Estado, el trabajo, la seguridad y el futuro. Las recuperaciones fueron diferentes según los países y los sectores económicos.

Más allá de sus efectos materiales, la pandemia hizo visible la vulnerabilidad de muchas rutinas y certezas. Para ciertos hogares, la pérdida de ingresos o el aislamiento se sumaron a preocupaciones anteriores; para otros, la crisis puso de manifiesto la importancia de los servicios públicos y de las redes de protección. Sus consecuencias no explican por sí solas el descontento actual, pero se superpusieron a transformaciones económicas y sociales que ya estaban en marcha.

La aceleración tecnológica, la información y el poder

La revolución digital y el desarrollo reciente de la inteligencia artificial están transformando la producción, el empleo y la circulación de información. Las plataformas tecnológicas recopilan y procesan enormes cantidades de datos y adquieren capacidad para orientar el consumo, seleccionar qué contenidos reciben los usuarios y participar indirectamente en la formación de opiniones. Estas herramientas abren oportunidades importantes, pero también plantean interrogantes sobre la concentración del poder, la privacidad, la transparencia y la calidad de la información pública.

En los entornos digitales circulan contenidos de calidad muy desigual, y no siempre resulta sencillo distinguir la información verificada de la desinformación. Los sistemas que priorizan la atención pueden favorecer mensajes emocionales o simplificaciones de problemas complejos. Esto no significa que toda plataforma manipule deliberadamente a sus usuarios ni que la tecnología determine por sí sola las decisiones políticas; significa que la arquitectura de los medios digitales forma parte de las condiciones en las que se construyen las opiniones y se desarrolla el debate público.

La pérdida de confianza en partidos, medios, instituciones religiosas, autoridades familiares o gobiernos tiene múltiples causas. Sin embargo, cuando se combina con una circulación acelerada de información, una fuerte polarización y la promesa de soluciones inmediatas, puede abrir espacio a liderazgos que presentan respuestas simples a problemas económicos, sociales y políticos complejos.

Al mismo tiempo, los conflictos bélicos y las tensiones geopolíticas generan sufrimiento humano, destruyen infraestructura y capacidades productivas, afectan el comercio y la energía, y pueden aumentar la incertidumbre económica. El crecimiento del gasto militar también plantea decisiones difíciles sobre las prioridades presupuestarias, aunque sus efectos concretos varían según el país y las circunstancias.

La frustración de las clases medias y la protesta en Europa

Las manifestaciones y otras formas de protesta que se observan en distintos países europeos no responden a una causa única. En ellas confluyen problemas diferentes: el costo de la vivienda, la pérdida de poder adquisitivo, la inseguridad laboral, las desigualdades territoriales, las preocupaciones sobre la inmigración, el rechazo a determinadas políticas públicas y la desconfianza hacia los partidos tradicionales. Su composición y sus demandas varían según el país y el momento.

La frustración de las clases medias constituye una clave posible para comprender parte de ese malestar, pero no debe convertirse en una explicación total. El descontento puede aparecer cuando las personas sienten que sus ingresos ya no alcanzan, pero también cuando perciben que el esfuerzo realizado no se traduce en oportunidades, que sus hijos vivirán peor que ellas o que las instituciones no escuchan sus preocupaciones. La pérdida de expectativas puede ser tan significativa como la pérdida material: no solo importa el nivel de vida alcanzado, sino la confianza en poder sostenerlo y mejorarlo.

Por eso, un cambio electoral no implica necesariamente una conversión ideológica. Algunos ciudadanos modifican sus convicciones; otros mantienen sus valores, pero dejan de confiar en los partidos que antes los representaban y votan para sancionar al gobierno, expresar protesta o buscar una alternativa. Estas motivaciones pueden combinarse. Para explicar cada resultado electoral es necesario considerar, además de las condiciones económicas, las identidades políticas, las preocupaciones culturales, la seguridad, la inmigración, los liderazgos y las circunstancias nacionales.

La protesta puede cumplir una función democrática cuando hace visibles problemas desatendidos y exige respuestas. El riesgo aparece cuando la frustración se convierte en una desconfianza generalizada que lleva a considerar inútiles todas las instituciones o a aceptar promesas de soluciones inmediatas sin examinar sus costos y consecuencias. No toda protesta es antidemocrática, ni todo liderazgo disruptivo expresa la misma orientación política; lo relevante es analizar qué demandas se formulan y cómo se relacionan con las instituciones y los derechos.

Conclusión: recuperar la expectativa de progreso

Los procesos examinados —la transformación del modelo industrial de posguerra, la globalización, el cambio tecnológico, las crisis económicas, la pandemia y los conflictos internacionales— no forman una cadena causal simple. Se superponen de manera diferente según cada país y afectan de forma desigual a los grupos sociales. Sin embargo, permiten identificar un problema común: la distancia que puede abrirse entre la riqueza que una sociedad produce y la percepción de sus ciudadanos acerca de las oportunidades reales de las que disponen.

La frustración de las clases medias no se explica solamente por haber perdido una parte de su bienestar. También puede surgir cuando se debilita la confianza en la posibilidad de recuperarlo, cuando el trabajo y la educación dejan de parecer caminos seguros de movilidad social y cuando el futuro de los hijos ya no se imagina necesariamente mejor que el de sus padres. Esa pérdida de horizonte afecta tanto la relación con la economía como la legitimidad de las instituciones políticas.

En Europa, las protestas y los cambios electorales deben entenderse dentro de esta combinación de condiciones materiales, expectativas y percepciones de representación, sin atribuirlos a una sola causa ni suponer que todos los manifestantes comparten las mismas motivaciones. La respuesta democrática no consiste en descalificar el descontento ni en prometer soluciones mágicas, sino en reconocer los problemas concretos, explicar los límites de las políticas posibles y construir condiciones para que el crecimiento se traduzca en empleo de calidad, vivienda accesible, educación, protección social y oportunidades efectivas.

La pregunta de fondo es, entonces, si nuestras sociedades podrán reconstruir una expectativa creíble de progreso compartido. Porque la estabilidad democrática no depende únicamente del funcionamiento formal de las instituciones: también necesita que una parte amplia de la ciudadanía perciba que esas instituciones pueden escuchar sus demandas, corregir sus errores y ofrecer caminos reales para mejorar la vida. Cuando esa confianza se debilita, la frustración puede expresarse en abstención, protesta o alternancia electoral; cuando se prolonga sin respuestas, puede alimentar una crisis más profunda de representación.

Tal vez el desafío central no sea simplemente recuperar el crecimiento económico, sino volver a vincularlo con una promesa social convincente: que el esfuerzo individual, acompañado por instituciones confiables y oportunidades accesibles, pueda traducirse en una vida digna y en un futuro mejor para las próximas generaciones.


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